La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, donde se convirtieron en ley, dos normas fundamentales solicitadas por el gobernador, Axel Kicillof: la de Presupuesto y la Fiscal Impositiva, que ordenan los gastos e ingresos del año entrante.

27-11-2025.- La Ley de Presupuesto, estima una inversión por 43 billones de pesos. “Hoy en la Legislatura estamos dando un paso muy importante para dotar al gobierno provincial de herramientas fundamentales” señaló el diputado Juan Pablo de Jesús, en representación del oficialismo. “Un dato a destacar en este presupuesto es el alto porcentaje de gasto en capital; estamos hablando de más del 7%”, destacó.

El presupuesto prevé una inversión en obra pública de $3.2 billones. El proyecto prioriza la asignación de recursos a funciones esenciales como Promoción y Asistencia social, con una inversión de $1.7 billones; al igual que a Salud. A Educación destina $1.3 billones; mientras que a Seguridad y Servicio Penitenciario $ 1.4 billones, y a políticas productivas 60 mil millones de pesos.  

De esta manera se dará continuidad al Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras obras públicas. Respecto a protección social, se prioriza el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas. En el ámbito de la salud la previsión incluye inversión en infraestructura, maquinaria y equipos; priorizando el fortalecimiento del programa Medicamentos Bonaerenses y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer; entre otras erogaciones.

En materia educativa continúan las políticas en pos de la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación a sala de 3 años; la inversión para garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la finalización de las obras abandonadas por el gobierno nacional.

En materia productiva los fondos previstos serán vehiculizados a través de los ministerios de Desarrollo Agrario; el de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el de Trabajo fundamentalmente. Los montos definidos también incluyen las políticas crediticias y de promoción del consumo del Banco Provincia.

En tanto las transferencias a los municipios por coparticipación ascenderán a 5.5 billones de pesos, distribuidas por Coeficiente Único de Distribución (CUD), informó De Jesús. Ese monto incluye el Fondo Educativo por más de 600 mil millones de pesos.

La norma declara la Emergencia Económica, causada por la recesión y el incumplimiento por parte del gobierno nacional de las transferencias que corresponden a la Provincia. Como consecuencia de las negociaciones, se incorporó a los municipios en la declaración de emergencia, los que más tarde tendrán la potestad de adherir o no. El articulado crea a su vez un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, conformado por los recursos provenientes de estas sumas adeudadas -reclamadas por vías administrativas y judiciales-, supeditando las erogaciones que correspondan por leyes especiales al efectivo ingreso de fondos y excluyéndolos de este modo de la base de cálculo para el ejercicio 2026. Actualmente, el gobierno provincial sostiene que la deuda asciende a los 12,9 billones de pesos, de los cuales dos billones corresponden a deuda previsional.

La Fiscal Impositiva, en tanto, tiene como lineamientos reconocer el esfuerzo de los sectores productivos sin incrementar cargas y eliminar las distorsiones actuales. Entre sus principales novedades la norma prevé la baja de la Patente Automotor, medida que beneficiará al 75% de los y las propietarias de vehículos en virtud de la modificación de las alícuotas, lo que dejará a la provincia entre las de menor costo de patente del país. En lo que corresponde al Impuesto Inmobiliario y el Rural se mantiene la actual carga tributaria y respecto de Ingresos Brutos, no hay modificaciones en la alícuota para ninguna actividad. Se mantiene de esta manera el régimen de alícuotas reducidas a MiPymes.